Buena parte del parque térmico de nuestros edificios públicos está técnicamente amortizado.
¿Pero, sigue siendo rentable?
Entra en un colegio, un centro de salud o una casa consistorial de cualquier punto del país y el diagnóstico se repite con una regularidad incómoda: caldera de gasóleo o de gas con décadas de servicio, radiadores de hierro fundido, una única sonda para todo el edificio y una gestión que consiste en encender en octubre y apagar en mayo.
Durante décadas eso fue suficiente. Ya no lo es — y no por una cuestión ambiental, sino por tres razones estrictamente técnicas y económicas.
▪ 1. La instalación está vieja y, además, mal explotada
Son dos problemas distintos y los dos pesan. No basta con señalar uno.
Por un lado, la antigüedad real del parque. Una parte muy relevante de las instalaciones térmicas de edificios públicos supera los cincuenta años de servicio: salas de calderas con generadores muy anteriores a cualquier exigencia moderna de rendimiento, chimeneas y depósitos fuera de configuración actual, tubería de acero con décadas de incrustación y corrosión interna, aislamientos degradados o inexistentes y equipos para los que ya no hay repuesto en el mercado. Eso no se corrige con ajustes: hay material que está al final de su vida útil y punto.
Por otro, la explotación. Generadores sobredimensionados que trabajan permanentemente a carga parcial con rendimientos estacionales muy por debajo de su placa, quemadores sin modulación, ausencia de sectorización por zonas de uso y horario, circuitos hidráulicos sin equilibrar y curvas de regulación que nadie ha revisado desde la puesta en marcha.
Y aquí está la clave: los dos factores se multiplican. Una instalación antigua bien regulada consume mucho menos que una antigua abandonada a su suerte; y una instalación nueva mal explotada tira por la borda buena parte de la inversión. Sustituir equipos sin corregir la explotación es pagar por un rendimiento que después no se recoge.
▪ 2. El calendario normativo ya está corriendo
Siguen existiendo equipos con R-22 en servicio, un refrigerante cuyo uso quedó prohibido en 2015. Y el Reglamento (UE) 2024/573 de gases fluorados reduce progresivamente la cuota de HFC disponible: cada recarga de una máquina con R-410A será más cara y más difícil de conseguir. A esto se suma la trayectoria de salida de los combustibles fósiles en calefacción y unas exigencias de rendimiento e inspección bajo RITE que muchas salas de calderas no superarían hoy sin reformas. Mantener el statu quo no es la opción barata: es la opción que se encarece sola, año tras año.
▪ 3. Ha aparecido una demanda que el proyecto original no contemplaba
La necesidad de refrigerar edificios de uso público se ha extendido a todo el territorio. En amplias zonas del interior y del sur ya era una realidad asumida, aunque resuelta muchas veces con equipos partidos añadidos sin criterio de conjunto. La novedad está en las zonas de verano suave —la cornisa cantábrica y buena parte del norte peninsular—, donde los edificios se proyectaron únicamente para calefactar porque la refrigeración era, sencillamente, prescindible.
Allí no hay instalación que renovar: hay que crearla.
Y afecta a aulas orientadas a sur sin protección solar, a salas de espera con alta ocupación, a residencias de mayores y centros de día. En esos usos no hablamos de confort: hablamos de habitabilidad y de salud pública para colectivos vulnerables.
▪ La respuesta técnica no es «poner aire acondicionado»
Añadir máquinas partidas sin tocar nada más multiplica el consumo eléctrico, obliga a revisar la potencia contratada y deja el problema de invierno intacto. El planteamiento correcto es integral:
- Reducir primero la demanda: protección solar, ventilación nocturna, mejora de la envolvente donde sea viable. Lo que no se demanda no hay que producirlo.
- Generación reversible —aerotermia— que cubra calefacción y refrigeración con un solo equipo, sustituyendo combustión por electrificación.
- Adaptar la emisión. Aquí está el error más repetido: la bomba de calor rinde en baja temperatura, y un circuito de radiadores de fundición proyectado a 80/60 °C no lo es. O se sustituyen emisores, o se recurre a bomba de calor de alta temperatura, o se plantea una solución híbrida. Sin ese análisis previo, el COP real nunca aparece y el ahorro prometido tampoco.
- Ventilación con recuperación de calor, que además resuelve la calidad de aire interior exigida por el RITE en locales de alta ocupación.
- Sectorización, regulación y monitorización. Sin datos de consumo desagregados no hay gestión posible, solo suposiciones.
▪ Dónde encaja el modelo ESE
Todo lo anterior exige inversión, capacidad técnica y continuidad en la explotación durante años. Tres cosas que muchas administraciones no tienen simultáneamente.
En un contrato de servicios energéticos, la ESE asume la inversión y la ejecución, y garantiza contractualmente un ahorro sobre la línea base de consumo, verificado bajo protocolo IPMVP. La administración paga con parte de ese ahorro. Se articula como contrato de servicios bajo la LCSP, y la directiva EED marca objetivos anuales de renovación del parque público de obligado cumplimiento.
- Y algo que muchos ayuntamientos ya han hecho sin saber que era el mismo camino: el alumbrado público
El modelo ESE lleva años funcionando en alumbrado exterior. Muchas entidades locales ya han licitado y ejecutado contratos de servicios energéticos para renovar sus luminarias, y conocen de primera mano el mecanismo: garantía de ahorro, inversión a cargo del adjudicatario, telegestión y verificación de resultados.
Lo que no siempre se ve es que ese contrato y el de los edificios no son mundos separados. Son perfectamente compatibles, y de hecho se refuerzan:
- El alumbrado ofrece amortizaciones cortas y un ahorro fácil de medir —la línea base es esencialmente potencia instalada por horas de funcionamiento—. La climatización ofrece ahorros mayores en valor absoluto, pero con retornos más largos y una línea base que exige normalización por grados-día y ocupación.
- Combinadas en una misma cartera de medidas, el retorno rápido del alumbrado equilibra el retorno lento de las instalaciones térmicas y hace viable un contrato que, por separado, quizá no salía.
- Se comparte infraestructura de gestión: una misma plataforma de monitorización, un mismo equipo de M&V, un mismo interlocutor técnico para el municipio. Y un solo procedimiento de licitación en lugar de dos.
Si un ayuntamiento ya ha pasado por la renovación de su alumbrado bajo modelo ESE, tiene recorrido hecho: conoce el pliego, la mecánica del ahorro garantizado y la verificación. Extenderlo a los edificios no es empezar de cero, es aplicar lo aprendido a la partida donde queda el grueso del consumo.
El riesgo técnico se traslada a quien tiene el conocimiento para gestionarlo. Y el compromiso de rendimiento no termina con la recepción de la obra: dura toda la vida del contrato.
El parque térmico de nuestros edificios públicos no necesita un mantenimiento más intenso. Necesita un replanteamiento.
- ¿Se está dimensionando ya la refrigeración como necesidad estructural en la reforma de edificios públicos, o sigue tratándose como una partida prescindible que cae en la primera revisión de presupuesto?
- ¿Y habéis visto algún municipio dar el salto del alumbrado a los edificios dentro del mismo modelo, o se quedan casi todos en la renovación de luminarias?
En Sitelec ayudamos a transformar la climatización de los edificios públicos en ahorro, eficiencia y rendimiento.
¿Hablamos de cómo hacerlo posible?
